AySAM defendió en audiencia pública suba del 162% para tarifa de agua y cloacas.

Sitio Andino Mendoza
Miguel Ángel Flores
Viernes 20 de Diciembre del 2019 a las 18:00 hrs

"El 50% de la red está en buen estado y el resto es regular o malo, lo que coincide con los materiales utilizados. Esto genera muchos reclamos. Además, entre 2009 y 2016 no se cumplió con la pauta de inversión, lo que explica esa situación que queremos revertir para llegar al 60% de la red en condiciones en los próximos cuatro años". De esa forma, el nuevo presidente de Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza), Alejandro Gallego, defendió en audiencia pública ante unos 50 representantes de distintas instituciones y entidades de defensa de los usuarios la pretensión de incrementar 162% la tarifa de agua y cloacas a casi 411 mil conexiones. En números concretos significa pasar de $250 mensuales por usuario a $650 promedio, mayormente para financiar gastos operativos.


El porcentaje, según explicó Gallego, contempla el desfasaje inflacionario desde el último aumento del 78% aplicado en 2018 y una previsión del 54% para el año 2020 "a pesar de que el atraso real hoy es del 182%, con lo cual está claro que con un porcentaje inferior podemos mantenernos operativos". Con una mirada retrospectiva de la última década, las cifras para justificar el ajuste muestran que mientras los costos se encarecieron 1.700% durante el período, la tarifa acumuló 744%. 

Aunque con varias objeciones, el planteo de la empresa superó casi sin sobresaltos su tratamiento. Ahora sólo resta que el Epas (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) pase en limpio el resultado y lo eleve al 4to piso de Casa de Gobierno, donde el gobernador Suárez deberá refrendarlo en un decreto. La decisión de subir la tarifa está tomada: como ya ha ocurrido antes, sólo dependerá de asignar o no una partida presupuestaria (subsidio) que recorte un poco el porcentaje final.

Respecto al aporte de fondos provinciales para inversiones en mejoras y ampliación de las redes (actualmente 4.400 kilómetros para agua y 3 mil de cloacas) desde que se reestatizó la ex OSM en 2010, la exposición mostró que, si bien en los últimos 10 años ya suma u$s 93,3 millones, durante 5 años no se llegó a la pauta anual de u$s 9,5 millones planteada en un principio.

"Entre 2009 y 2016 estuvo por debajo, lo que permite entender el estado de la infraestructura. Por ley se autorizó 160 millones de dólares en 2011 para el plan estratégico de obras, del cual solicitamos una ampliación", consignó el presidente de Aysam en relación a proyectos "en gestión" por 34,8 millones que esperan financiamiento.

  Más allá del objetivo de mejorar la facturación actual, Gallego, en coincidencia con el instructor de la audiencia y responsable económico del Epas (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), Roberto Caccavari, expuso la necesidad de modificar la forma de prestar el servicio para ir hacia la micromedición. "Hoy un 92% son usuarios domésticos y el mismo porcentaje paga una cuota fija, un 2% volumétrico y 6% un monto fijo y exceso de consumo. Para nosotros,  es el mejor régimen y hacia donde deberíamos ir", dijo el titular de la empresa estatal.

Son más de 10 mil los reclamos mensuales registrados por Aysam, que denotan la falta de inversión y que, de acuerdo a Gallego, se busca revertir. 

Como para terminar de consolidar la postura de Aysam, en un momento se comparó la situación del servicio de agua y cloacas con el de la electricidad, también con números: frente a algo más de $3.000 mensuales que un mendocino paga por la luz, el suministro sanitario no supera los $297, por partes iguales entre agua y cloacas.

Los planteos

"Estamos hablando de una emergencia, y de promedios de aumento, pero no contamos con los cuadros tarifarios reales", consignó a su turno el diputado provincial Mario Vadillo, quien calificó de "barbaridad" el pedido del 162%. "Hay una crisis, además el destino es gastos operativos y no inversiones que son necesarias", completó, antes de solicitar la presencia de funcionarios del Epas en la Legislatura para detallar la conformación de un fideicomiso con ese fin.

Luego fue Romina Ríos, de la ONG Protectora, la que en línea con Vadillo consideró "brutal" la magnitud del ajuste pretendido, aunque se valió de la comparación con el marco tarifario eléctrico. "No creo que tenga que cargarse al usuario tamaño atraso tarifario por no actualizarse dos veces al año como se ha hecho con la luz, ni caerle por el uso de la manguera", enfatizó.

Después de que Francisco Cartello, en nombre del CEC (Centro Empleados de Comercio), apelara papel en mano a la ironía con un viejo reclamo al ente regulador ("esto va cumplir veinte años y las problemáticas siguen siendo las mismas"), fue Daniel Canone, secretario del SUPOS (Sindicato Unido del Personal de Obras Sanitarias) y director de la empresa por los trabajadores, quien apuntaló el planteo de la compañía con sus argumentos.

"No todo es tan malo. Por la inacción en la etapa privada el Estado tuvo que poner millones en el colector de Lisandro Moyano, en Las Heras, y en nuevos establecimientos depuradores. Además, el personal pasó de 750 empleados a 840 en diez años, con 85 mil conexiones más. Por todo eso se necesitan recursos y trabajadores, me parece irrisorio quejarse por trescientos pesos mas o menos frente a las subas exorbitantes que se dan con otras tarifas", resaltó