Lo presentará el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien asegura tener licencia social en su departamento para encarar la actividad minera. Quiere que Malargüe quede fuera de las limitaciones de la Ley 7722. Pero hay algunas objeciones en la propia Legislatura, más allá de que la corrección de la norma, que luego fue vetada por el propio gobernador Rodolfo Suarez, tuvo un consenso mayoritario a finales del año pasado. Mario Vadillo, por ejemplo, acusó a Ojeda de hacer lobby minero y se mostró a favor de una minería que no contamine el agua.