La auditoría que encargó Cornejo a la AGN, flojita de papeles.

Sitio Andino Mendoza
Cecilia Zabala
Miércoles 03 de Febrero del 2016 a las 12:00 hrs

SITIO ANDINO corroboró que muchas áreas no justificaron las denuncias por la herencia recibida de la gestión Pérez. ¿Se exageró el panorama?


Mucho ruido viene haciendo el gobierno de Alfredo Cornejo con un diagnóstico apocalíptico sobre el estado en que Francisco Pérez dejó a la provincia. Sin embargo, las denuncias estridentes no fueron ratificadas. ¿Fueron excesivas? ¿Son consistentes? 

El panorama que dieron Cornejo y equipo sobre las cuentas provinciales y la situación en varios organismos e, incluso, municipios, alborotaron mucho los ánimos en la sociedad mendocina. Se mostró como pésima la realidad financiera de Mendoza y se expuso al ex gobernador como el ideólogo -con o sin intención- de una gestión que llevó a la provincia al abismo. Sin embargo, pocas de las denuncias que presentó Cornejo con el aval de la Auditoría General de la Nación (AGN) fueron ratificadas, con lo que hasta ahora el informe dado a conocer a principios de enero está flojo de papeles. Para comenzar: lo que AGN presentó fue un borrador sin firma, lo que implica desde ya una irregularidad, según advierten desde la Fiscalía de Estado.

Fue la vicegobernadora Laura Montero quien pidió al organismo nacional ayuda para auditar la realidad de las finanzas provinciales. En ese momento la AGN estaba a cargo del radical Leonardo Despouy,  que aceptó y ordenó el desembarco de auditores en Mendoza al otro día de que Cornejo asumiera en el cargo.

Apenas 48 horas estuvieron los técnicos encargados de las revisiones, que les bastaron para hacer un diagnóstico preocupante sobre las finanzas públicas. Sin embargo, la segunda parte era la justificación de las denuncias y estas no llegaron. 

Es que la Fiscalía de Estado tomó parte en la investigación e indaga sobre los perjuicios al Estado que pudieran haberse cometido durante la gestión de Francisco Pérez. Si bien fue el propio Cornejo el que le envió al fiscal Fernando Simón el informe preliminar, el propio gobierno obvió información sustancial que fue requerida. 

Sucede que a partir del informe que recibió Simón, se pidieron varias cuestiones. Por un lado que la AGN enviara el convenio firmado con la provincia para poder auditarla (ya que no es de su competencia) y por otro el informe final, con la firma. Pero ninguna de estas dos cosas llegaron hasta el día de hoy a la Fiscalía

Tampoco le acercaron a Simón las denuncias que investiga Delitos Complejos, a cargo de Santiago Garay, que los radicales hicieron sobre supuestos pases a planta irregulares.

Pero más allá de que esas cuestiones son ajenas al gobierno de Cornejo, desde la Provincia sólo algunas áreas de las muchas implicadas enviaron sus informes. El ISCAMEN, la Agencia Tributaria de Mendoza, el Ministerio de Hacienda a cargo de Martín Kerchner, la Cámara de Senadores y el contador general de la provincia (José Roberto Caviggia) fueron los únicos que contestaron y justificaron las denuncias ante Fiscalía de Estado.

Sin embargo, la Municipalidad de Las Heras, cuyo intendente Daniel Orozco ha sido el que más ha denunciado públicamente el "desastre" con el que se encontró, no respondióEn tanto, el intendente de Guaymallén (otro denunciador serial) Marcelino Iglesias, el de Alvear, Walter Marcolini y el de Malargüe Jorge Vergara Martínez, pidieron prórrogas para presentar los expedientes.

Lo mismo hizo el ministro de Salud (que también dio un pésimo panorama y decidió la intervención de hospitales descentralizados) Rubén Giacchi, el secretario de Servicios Públicos Sergio Marinelli, el titular de la DGE Jaime Correas, el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno Dalmiro Garay y el de Seguridad, Gianni Venier, pidieron más tiempo para presentar los informes que, a juzgar por la rapidez con la que actuó la AGN, deberían estar listos.

Tampoco presentaron la información solicitada el director del hospital Central, el del Instituto Provincial de la Vivienda, el titular de la Obra Social de los Empleados Públicos (otro lugar que quedó en pésimo estado, según las denuncias) y la titular del Instituto de Juegos y Casinos, estos dos últimos que dieron de baja a numerosos contratos, al igual que la DGE y otras áreas.

Esta información es vital ya que en caso de comprobarse alguna irregularidad en cualquier dependencia del Estado intervendrá la Dirección de Investigaciones Administrativas, que funciona en la Fiscalía. Y si aquí se descubriera alguna sospecha de un ilícito se denuncia directamente ante la Justicia Penal.

Mediante estos documentos, el fiscal Fernando Simón pide que se brinden detalles sobre el manejo contable, financiero y de personal en estas dependencias. El objetivo es confirmar los datos de la auditoría y ampliarlos para tratar de identificar información que permita realizar posibles investigaciones administrativas.