Las claves de un fallo político y la puesta en escena del Gobierno.

Sitio Andino Mendoza
Marcelo Torrez
Viernes 19 de Agosto del 2016 a las 09:00 hrs

La Corte, al frenar parte de los aumentos del gas, repartió señales para varios lados. Comandado por Lorenzetti, el tribunal dejó expuesto el papelón gubernamental. Pero le mostró, también, vías de escape a la presión. Cornejo se mostró preocupado, pero un llamado de la Rosada le devolvió la respiración. La victimización oficial será una respuesta típica con destino a la tribuna. Pero la nación no podrá disminuir el plan de obra pública, su única apuesta de salvación ante un proceso inflacionario que se desacelera, pero no al ritmo que pretende.

Foto: Yemel Fil

El fallo de la Corte de Justicia que resolvió el freno parcial al tarifazo ordenado por el Gobierno nacional sorprendió al gobernador en una entrega de elementos deportivos a polideportivos de la provincia, en un acto en el Malvinas Argentinas. Preocupado, lo primero que le salió decir en medio del desconcierto en el que se encontraba todo el gobierno, fue advertir que a raíz de tal decisión judicial, peligraría el plan de obras que pretende realizar la nación y que se caerían las expectativas sobre el programa económico en ciernes.

Cuando se retiró del acto, el gobernador pidió que lo comunicaran con alguien en la Rosada. Un funcionario con llegada a Mauricio Macri, el presidente, que en ese momento ya estaba reunido junto a Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Juan José Aranguren y el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, analizando la estrategia a seguir y evaluando con precisión el impacto del fallo, lo tranquilizó. Palabras más o menos, le dijo: "Quedáte tranquilo Alfredo, nada peligra, y mucho menos las obras anunciadas".

El freno judicial al tarifazo del gas sólo en el tramo de los domiciliarios, porque dejó vigente la actualización del aumento con el tope del 500 por ciento para Pymes, empresas, industrias y GNC, resultó ser más que técnico, eminentemente político y expuso al gobierno de Macri al papelón monumental de haber diagramado y ordenado un ajuste alocado, falto de previsión política y convencido -ingenua y atropelladamente-, de que por el desastre dejado por el kirchnerismo, las correcciones se explican por sí solas.

Fue un golpe duro de los cortesanos liderados por un habilísimo Ricardo Lorenzetti, el jefe del tribunal, pero que le dejó al propio gobierno vías de escape por donde conducir la enorme presión de los últimos meses. El fallo, fiel al estilo de la Corte de Lorenzetti, repartió buenas y malas, para los amigos y los no tanto.

Cuando ya había entrado la siesta del jueves, bien pasado el mediodía, la mesa chica del Ejecutivo nacional concluía con que las consecuencias no provocarían un daño mayor que en el que se está envuelto. A lo sumo, demoraría el plan de reacomodamiento. Demoras que se han sucedido por obra y gracia de los más duros del gabinete macrista que creyeron verse, en un momento, conduciendo empresas, más que al Estado nacional. Error imperdonable que le hizo perder al propio gobierno medio año de trabajo y una importante dosis de caída en la credibilidad de algunos de sus miembros, con Aranguren -ratificado por el presidente-, al frente de todos, como su abanderado.

Los gobernadores, tras el fallo, fueron los primeros en reflejar un estado de incertidumbre y la preocupación por lo que el mismo gobierno nacional dejó trascender: que por culpa de una decisión adversa, pueden caerse los planes de obras públicas por la necesidad de mantener la meta fiscal del 4,8 por ciento de déficit para cuando cierre el año. De allí las declaraciones de Cornejo, aunque intentó dejar en claro que la obra emblema de su gestión, Portezuelo del Viento, se encuentra fuera de peligro. Luego, como está dicho, lo calmaron desde la Rosada. Es que los jefes de Estado provinciales han quedado supeditados a lo poco o mucho que pueda hacer la gestión nacional para acomodar la situación.

El impacto fiscal de la falta de recaudación por el cobro de la tarifa de gas se ha calculado en unos 80 mil millones de pesos. El 30 por ciento, correspondiente al freno para el servicio domiciliario, asciende a 24 mil millones, la cifra que el gobierno ha dicho que se deberá compensar con un menor ritmo de obra pública para evitar perder la meta fiscal del año.

Pero en verdad muchos entienden que lo ventilado es parte de una suerte de puesta en escena, aunque las dificultades existan. Pero algo de sobreactuación oficial para evitar el "pechazo" o la "atropellada" judicial de parte del gobierno se ha manifestado. Se entiende que será la obra pública la única llave que tendrá el gobierno para calmar los ánimos frente al lento retroceso de la inflación, el problema más grave y complejo para resolver y con resultados algo tranquilizadores para las elecciones de medio término del año próximo.

La reacción oficial fue la esperada. Lo que debió hacerse tres meses atrás se comunicó ayer cuando se dijo que más rápido que un rayo se convocarían a las audiencias públicas para resolver el entuerto de las tarifas. Pero el sainete ha dejado a más de uno maltrecho en el propio gobierno por las decisiones políticas que se tomaron creyendo que se iba por el camino correcto.

En parte, hay que decirlo, el humor populista e irresponsable de los últimos años también afectó a un gobierno que se propuso ser el corrector, pese a los costos que se iban a pagar, del insospechado desquicio fiscal y administrativo dejado por doce años de una administración incomprensible.